Tras 70 años, la Justicia declaró de lesa humanidad los fusilamientos de José León Suárez

La Justicia Federal declaró crímenes de lesa humanidad los hechos sucedidos en la madrugada de junio de 1956, este lunes al mediodía. Previamente, se habían llevado adelante las audiencias donde dieron sus testimonios familiares y uno de los sobrevivientes, Juan Carlos Livragra; tiempo atrás su testimonio permitió que Rodolfo Walsh narre lo sucedido en el libro “Operación Masacre”.

Durante la noche del 9 de junio efectivos policiales, siguiendo órdenes impartidas por el gobierno de facto, realizaron un allanamiento ilegal en una vivienda de la localidad de Florida. Las doce personas fueron detenidas y trasladadas primero a la comisaría de San Martín y posteriormente a un descampado de José León Suárez, donde se concretaron los fusilamientos.

Esa madrugada de junio de 1956 fueron fusilados Carlos Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez y Mario Brión. Otros siete detenidos lograron sobrevivir: Juan Carlos Livraga, Julio Troxler, Reinaldo Benavídez, Rogelio Díaz, Horacio Di Chiano, Norberto Gavino y Miguel Ángel Giunta.

Durante tres días se llevaron adelante las audiencias en el Auditorio municipal Hugo del Carril, a metros de donde sucedieron los fusilamientos.  En ese lugar, familiares y testigos dieron sus testimonio. Entre los testimonios incorporados al juicio se destacó el de Juan Carlos Livraga, uno de los sobrevivientes, quien a sus 94 años declaró desde Estados Unidos y aportó un relato considerado fundamental para la reconstrucción de los hechos.

Las audiencias reunieron a dirigentes políticos de distintos sectores del peronismo de San Martín: El ministro bonaerense Gabriel Katopodis, el intendente Fernando Moreira, el diputado provincial Rubén Eslaiman, el vicepresidente del PJ, Lauro Grande, el secretario general del sindicato de Alimentos, Sergio Escalante, el jefe de Gabinete, Andrés Alonso; el presidente del Colegio de Abogados de San Martín, Marcos Vilaplana; el referente Agustín Letcher; la dirigente de Libres del Sur, Silvia Saravia el dirigente de Tres Banderas, Alan González y el dirigente Cristián Mercado; además estuvieron figuras políticas como Fernando “Pato” Galmarini; el dirigente sindical, Rubén “Pollo” Sobrero; el diputado nacional, Eduardo Valdés; entre otros dirigentes y referentes. 

La sentencia, dictada  por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín, Alicia Vence, reconoció la responsabilidad de las máximas autoridades de la dictadura encabezada por Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Rojas y dispuso una serie de medidas de reparación y memoria para las víctimas y sus familiares.

La magistrada encuadró los delitos como allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad agravada y homicidio agravado por alevosía. Además, atribuyó responsabilidades tanto a Aramburu y Rojas como a funcionarios policiales que participaron del operativo, entre ellos el teniente coronel Desiderio Fernández Suárez y el inspector Rodolfo Rodríguez Moreno. Si bien todos los responsables fallecieron, la sentencia determinó que les habría correspondido la pena de prisión perpetua.

Alberto “Pepe” Palacio, uno de los abogados querellantes y miembro de la Comisión por la Memoria Verdad y Justicia de San Martín, celebró el fallo acompañado de los familiares de las víctimas. “Esta sentencia debería haber llegado hace mucho tiempo antes y tendríamos que haber visto a los represores salir como corresponde a la cárcel común, como quedó reflejado en la sentencia. Esto es un homenaje a las víctimas y a las familias. Son delitos de lesa humanidad”. 

“Ojalá la sentencia signifique un acto reparatorio y necesario que todo el pueblo peronista necesita”, añadió Palacio desde el Auditorio Hugo del Carril, desde donde fue escuchada la sentencia judicial con los familiares. Walter Arias fue quien lo acompañó en la querella de la causa. 

Además de establecer la responsabilidad del Estado, el fallo ordenó una serie de acciones reparatorias destinadas a preservar la memoria de las víctimas y garantizar la difusión de los hechos.

Entre las medidas dispuestas se encuentra la rehabilitación del buen nombre y honor de los doce fusilados y sobrevivientes, la publicación de la sentencia en los boletines oficiales de la Nación y de la provincia de Buenos Aires, así como su difusión a través de organismos de derechos humanos.

La resolución también establece la incorporación de los hechos en los diseños curriculares de los sistemas educativos nacional y bonaerense, la colocación de placas conmemorativas en los lugares donde ocurrieron los allanamientos, las detenciones y los fusilamientos, y la creación de un sitio de memoria en el predio de los históricos basurales de José León Suárez.

Asimismo, ordena la inclusión de los nombres de todas las víctimas en el registro de víctimas de violencia institucional del Estado argentino.

Los fundamentos completos de la sentencia se conocerán el próximo 16 de julio. El fallo constituye un hecho sin precedentes en la búsqueda de verdad y reparación sobre los fusilamientos de 1956 y representa un nuevo paso en la construcción de memoria, verdad y justicia en Argentina.